Recientemente en México, se aprobó una reforma al Poder Judicial que permitirá elegir a Jueces y Magistrados por voto popular. Este cambio estructural genera un debate profundo sobre la democratización de instituciones fundamentales y plantea preguntas sobre el papel de la ciudadanía en la selección de autoridades. Una de las razones de esta reforma, sin entrar en las políticas, es la edad avanzada de Jueces y Magistrados, que al tener altos sueldos, se jubilan en el límite que tienen para hacerlo, que es de 70 años de edad. Haciendo una analogía, podríamos imaginar una reforma educativa similar, donde Directores y Supervisores sean elegidos por voto popular, tal como se ha propuesto para el sistema judicial.
Desde la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) en 1992, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) compartieron el control sobre las plazas docentes, lo que dio lugar a un modelo de cogobernanza. Durante años, este sistema consolidó el poder político del sindicato sobre las carreras de los maestros, lo que a su vez generó una burocracia compleja y una falta de transparencia en la asignación de puestos.
La Reforma Educativa de 2013 buscó corregir estas prácticas al implementar concursos de oposición y evaluaciones de desempeño que, aunque polémicas, pretendían profesionalizar el servicio docente y reducir el control sindical. Sin embargo, la resistencia fue fuerte y en 2019 se eliminó la obligatoriedad que vinculaban la permanencia en el servicio.
Ahora, pensemos en lo que podría suceder si, al igual que con los jueces y magistrados, los directores y supervisores de zonas escolares fueran elegidos por voto popular. En principio, una reforma de este tipo podría verse como un esfuerzo por democratizar aún más el sistema educativo, dando a las comunidades un mayor control sobre quiénes están a cargo de sus escuelas. Sin embargo, también surgirían riesgos evidentes: ¿qué criterios se usarían para que la ciudadanía elija a los directores y supervisores? ¿Se basaría en su capacidad pedagógica, su popularidad o en otras dinámicas políticas locales?
Al igual que en el ámbito judicial, donde la imparcialidad y el conocimiento técnico son cruciales para la correcta administración de justicia, en la educación, el liderazgo de directores y supervisores requiere habilidades pedagógicas, administrativas y de gestión que difícilmente se pueden evaluar en una campaña electoral. Además, la influencia de grupos sindicales, de poder locales o de intereses particulares podría convertirse en un factor determinante en estas elecciones, alejándose de los principios profesionales.
A estos riesgos se suman problemas actuales que podrían agravar la situación, como la presencia de supervisores de edad avanzada, muchos de los cuales llevan más de 50 años de servicio y ganan sueldos cercanos a los $50,000 quincenales. En muchos casos, estos supervisores tienen más de 80 años de edad y no se encuentran en las mejores condiciones para seguir ejerciendo sus funciones. Esta situación genera incertidumbre sobre el sistema de jubilación, ya que, debido a la permanencia de estos funcionarios, el estado podría verse forzado a jubilar a otros maestros en rangos salariales mucho más bajos, afectando el bienestar de docentes más jóvenes.
De la misma manera que el ANMEB otorgó un poder significativo al SNTE y CNTE en la asignación de plazas, una reforma educativa que incluya la elección popular de directores podría terminar reproduciendo las mismas dinámicas clientelistas que durante años han minado la calidad educativa. Si bien la idea de democratizar el acceso a estos cargos parece atractiva en un contexto de mayor participación ciudadana, también podría llevar a una mayor politización del sistema educativo, en lugar de fortalecer la educación como un servicio público basado en la excelencia y la preparación técnica de sus líderes.
En conclusión, la elección de jueces por voto popular es una medida que aún está en debate en términos de su eficacia y posibles consecuencias, y lo mismo sucedería en la educación si se implementara un sistema similar para directores y supervisores. Además, la edad avanzada de muchos supervisores y sus altos salarios plantean un desafío adicional para el estado, ya que podría tener repercusiones negativas en el sistema de jubilaciones y en la equidad entre los docentes.
